Galp – O nosso propósito – Nuestro propósito
Galp Energia, SGPS, S.A. es una corporación energética multinacional, con sede en Lisboa, Portugal[4]. Galp está formada por más de 100 empresas dedicadas a todos los aspectos del suministro de petróleo y gas natural, la exploración y producción de hidrocarburos; el refinado, el comercio, la logística y la venta al por menor; la cogeneración y las energías renovables. Galp fue fundada en 1999 mediante la fusión de Petrogal, Gás de Portugal y Transgás.
Los orígenes de Galp se remontan a 1848 y a la instalación de las primeras farolas de gas de Lisboa, pero la encarnación actual se formó mediante la fusión de Petrogal, Gás de Portugal y Transgás, el 22 de abril de 1999. Los principales componentes empresariales históricos son SACOR, CIDLA, SONAP y PETROSUL[5].
SACOR fue una de las primeras empresas petroleras portuguesas. En 1954, las actividades de SACOR se extendieron a los territorios portugueses de ultramar; el 80% de la gasolina, el queroseno y el gasóleo que se transportaba a la provincia portuguesa de ultramar de Angola tenía que refinarse en el territorio continental de Portugal.
Los portugueses descubrieron petróleo en su provincia de ultramar de Angola en la década de 1950. En 1953 se creó en la Angola portuguesa la Sociedade de Lubrificantes e Combustiveis (ANGOL). En los años 60, también participaba en la exploración de hidrocarburos. En 1957, SACOR participó en la creación de otra empresa petrolera, MOÇACOR, en la provincia portuguesa de ultramar de Mozambique.
Portal de proveedores de Galp
El proyecto comenzó con la instalación de paneles en 12 estaciones de España. En una primera fase, se instalarán en más de 50 emplazamientos de la Península Ibérica. Un proyecto de 2,5 MWp con un ahorro energético estimado de más de 30.000 euros al año, lo que supone más de 750.000 euros de ahorro para las estaciones durante los 25 años de vida útil de los paneles solares.
“La crisis energética que estamos viviendo, sin precedentes en los últimos 50 años, demuestra que invertir en la transición energética no es sólo una cuestión de sostenibilidad, sino de supervivencia”, afirma Teresa Abecasis, miembro del Consejo de Administración y Directora Comercial de Galp.
La empresa es actualmente el tercer productor de energía solar fotovoltaica en la Península Ibérica, con una capacidad instalada de aproximadamente 1 GW en producción, dentro de una cartera total de 4,7 GW, incluyendo proyectos en desarrollo en España, Brasil y Portugal.
Exploración de nuevas soluciones de agregación de energía para Galp
El apartado 1 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (“CEDH”) garantiza el derecho fundamental a un juicio justo. El artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales (“CDF”) desarrolla en la legislación de la UE la protección que ofrece el artículo 6(1) del CEDH. Toda persona tiene derecho a un juicio justo, incluso las empresas que están siendo procesadas por infracciones del derecho de la competencia.
Según el apartado 5 del artículo 23 del Reglamento 1/2003, las multas impuestas por infracciones del derecho de la competencia no tienen carácter penal. Sin embargo, en la sentencia Menarini,[2]TEDH, de 27 de septiembre de 2011, en el asunto Menarini Diagnostics/Italia (demanda nº 43509/08), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”) confirmó que las multas por infracción del Derecho de la competencia constituyen sanciones penales en el sentido del artículo 6, apartado 1, del CEDH. Por lo tanto, en virtud de la legislación sobre derechos humanos, las empresas que son multadas por infracciones de la ley de competencia tienen derecho a un juicio justo por un tribunal imparcial e independiente. Obviamente, la Comisión no responde a los criterios de un tribunal imparcial e independiente, pero la jurisprudencia del TEDH ha aceptado que las decisiones por las que se imponen sanciones penales por parte de una autoridad administrativa pueden ser compatibles con el artículo 6(1) del CEDH, siempre que dichas decisiones puedan ser recurridas ante un órgano judicial que tenga “plena jurisdicción”. Esto significa que el órgano judicial debe estar facultado para anular la decisión de la autoridad administrativa en todos sus aspectos, en cuestiones de hecho y de derecho.
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Utilice las comillas para buscar una “frase exacta”. Añada un asterisco (*) a un término de búsqueda para encontrar variaciones del mismo (transp*, 32019R*). Utilice un signo de interrogación (?) en lugar de un solo carácter en el término de búsqueda para encontrar variaciones del mismo (ca?e encuentra case, cane, care).
(Artículo 104, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento – Competencia – Acuerdos, decisiones y prácticas concertadas – Artículo 81 CE – Contrato de suministro exclusivo de carburantes y combustibles entre un proveedor y un titular de una estación de servicio – Exención – Acuerdo de menor importancia – Reglamento (CEE) nº 1984/83 – Artículo 12, apartado 2 – Reglamento (CE) nº 2790/1999 – Artículos 4, letra a), y 5, letra a) – Duración de los derechos exclusivos – Fijación del precio de venta al público)
1) El artículo 12, apartado 2, del Reglamento no 1984/83, en su versión modificada por el Reglamento no 1582/97, debe interpretarse en el sentido de que no se opone, a efectos de la aplicación de la excepción prevista en él, a que la duración de un acuerdo de derechos exclusivos supere las limitaciones temporales establecidas en dicho Reglamento, cuando el propietario de un terreno ha concedido a un proveedor un derecho de superficie de una duración de 25 años y éste está obligado a construir una estación de servicio que se alquila al propietario del terreno para que pueda explotar dicha estación de servicio durante el mismo período de duración de dicho derecho.
